Miles de negocios sufren pérdidas millonarias por los bloqueos masivos de LALIGA, y Gabriel Rufián (ERC) lo lleva al Congreso

El portavoz de ERC Gabriel Rufián se ha hecho eco de la creciente polémica de los bloqueos de webs legítimas por parte de la empresa privada LALIGA, en connivencia con operadoras telefónicas que a su vez tienen fuertes intereses económicos en la venta de los partidos de fútbol.

Estos bloqueos masivos, mediante sistemas de cierre total de acceso a direcciones de Internet Protocol (IP) que albergan miles de webs legítimas no relacionadas con la piratería ni con el fútbol, de diversos operadores tecnológicos pero muy especialmente CloudFlare, están causando pérdidas económicas de miles de millones de euros a empresas de todo tipo, desde farmacias hasta Medios de Comunicación pasando por plataformas como X (Twitter) e incluso la Real Academia Española (RAE).

Desde febrero de 2025 miles de webs inocentes dejan de funcionar cuando hay fútbol de LALIGA, en virtud de una polémica sentencia de diciembre de 2024 que se obtuvo con el peculiar método de que la principal operadora telefónica del país se denunció a sí misma para favorecer que la empresa privada de Javier Tebas pudiera bloquear direcciones IP a su antojo. Estos bloqueos han generado un enorme problema económico a miles de pequeñas y medianas empresas, que ven cómo durante los partidos de fútbol no se puede acceder a sus páginas legítimas.

Rufián ha solicitado aclaraciones escritas del Ejecutivo sobre esta polémica que genera un impacto «masivo» de la política antipiratería de LaLiga, afectando negativamente a plataformas legítimas como Steam, X (Twitter) o sitios web oficiales, «comprometiendo la neutralidad de la red y la libertad de información», entre otros derechos fundamentales además de la Libertad de Empresa de poder contratar servicios tecnológicos libremente con cualquier empresa legal como es la multinacional estadounidense CLOUDFLARE.

El caso ‘LaLigaGate’ supone, según Rufián, un precedente «preocupante» por el excesivo control que una entidad privada puede tener sobre los bloqueos masivos «sin suficiente control democrático ni garantías para los derechos fundamentales».