El Consell de Govern aprobó en abril el Decreto Ley de contención turística que incluye la prohibición de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares, y contempla una subida de las multas para luchar contra la oferta habitacional ilegal
Esta normativa supone un ‘punto de inflexión’ en la gestión del turismo en las islas, y las autoridades baleares son conscientes de la necesidad de un nuevo marco normativo para ‘contener el crecimiento de plazas turísticas, combatir la oferta ilegal y favorecer la reconversión de establecimientos obsoletos, siempre bajo criterios de sostenibilidad, calidad y convivencia’.
El futuro debe ser ‘equilibrado’ para los residentes, el sector y el territorio, y por eso el decreto pone fin a la creación de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares, endurece las sanciones a la oferta no regulada y abre la puerta a convertir antiguos alojamientos turísticos en viviendas asequibles para la población local.
La oferta turística ilegal, un problema que afecta a toda España pero tiene especial incidencia en zonas muy atractivas como Baleares, se puede frenar a través canales de denuncia específicos gestionados por los consells insulars. Estos canales permiten a la ciudadanía colaborar activamente en la detección de actividades no autorizadas, contribuyendo así a preservar la legalidad, la convivencia y el equilibrio del modelo turístico de las Islas Baleares.
Además de establecer la prohibición total de crear nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares en todas las Islas Baleares, se permite el intercambio de plazas turísticas en un sistema 1×1: sólo se pueden activar nuevas plazas si antes se ha dado de baja el mismo número. Este intercambio se rige por criterios de reconversión y sostenibilidad, y está sujeto a un techo global.
Gentrificación
Cuando el turismo masivo llega a una población, muchos informes económicos y estudios han demostrado que los precios suben para todos, tanto para los habitantes oriundos como para el turista que viene y va. A este fenómeno clásico se ha sumado la modernidad de las plataformas, con modelos de negocio bastante más opacos pero igualmente especuladores, y ha llegado la masificación turística a través de los apartamentos gestionados en plataformas.
La ‘gentrificación’ se concibe como la llegada de clases medias a barrios con menor nivel de renta, con el consecuente desplazamiento de población de bajos recursos (jubilados, migrantes o trabajadores precarios) debido al aumento de los precios de la vivienda (Barrero et al., 2022; Cocola-Gant, 2018).
Sanciones contra la oferta turística ilegal
Las sanciones económicas contra la oferta turística ilegal se inician con sanciones leves que pueden ser de hasta 5.000 euros, sanciones graves de hasta 50.000 euros, y sanciones muy graves de hasta 500.000 euros, y de todas esas sanciones serán corresponsables las plataformas de comercialización de alojamientos turísticos, que deberán exigir y mostrar el número de registro de los alojamientos y podrán ser sancionadas si publican ofertas ilegales.
Otra de las medidas recoge que los propietarios sancionados que decidan ceder al Govern su inmueble para destinarlo a alquiler social o de precio limitado pueden obtener una reducción de hasta el 80% de la sanción.
Este decreto es el primer paso derivado del trabajo previo realizado en el marco del proceso participativo del Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de las Illes Balears, una iniciativa impulsada por el Govern con el objetivo de fomentar un gran acuerdo de país para afrontar los retos sociales, ambientales y económicos de las islas.
- El Decreto de contención turística, clave para la sostenibilidad en Illes Balears - 5 de julio de 2025